Se quejaba el presidente del PP, ya casi en el papel de líder de la oposición, de que en su encuentro con  Pedro Sánchez, el candidato a la investidura como presidente del Gobierno no pronunció la palabra amnistía, sino que se refirió a lo que piensa hacer para desjudicializar el conflicto catalán con eufemismos, que lejos de ocultar sus verdaderas intenciones se da por hecha, porque de la reunión lo único que sacó en claro, Alberto Núñez Feijóo, es que Sánchez está seguro de que volverá a residir en La Moncloa, por su manejo de la situación en Cataluña.

A Feijóo no le queda otra que insistir en que Sánchez comete un fraude electoral, porque la concesión de la amnistía a los implicados en el golpe de Estado independentista no iba en el programa electoral y todos los españoles tienen derecho a manifestarse sobre el particular. Hasta el momento en el que tenga lugar la sesión de investidura de Sánchez insistirá en la repetición de las elecciones, aunque sea un empeño melancólico del que, paradójicamente, solo le puede sacar el partido de Puigdemont si en su consulta interna deciden bloquear el sí a Sánchez.  La dirección de un partido no realiza un movimiento semejante para perder la apuesta, pero hay militancias y dirigentes montaraces a los que no les importa pegarse un tiro en el pie.

Las relaciones entre los líderes de los dos principales partidos han dejado de ser fluidas si es que lo fueron alguna vez, a lo largo de las cuatro últimas décadas. Las existentes entre Sánchez y Feijóo siguen la misma tónica, cada uno víctima o señor de sus condicionamientos personales y políticos, lo que impide cualquier tipo de acuerdo entre ambos. En las circunstancias actuales, por lo que puede pasar, amnistía y degradación del Estado de derecho, y si se consuma porque espera una legislatura con una oposición irreductible y una estabilidad en almoneda.

Cualquier reunión, debate político o cara a cara no hace sino incrementar las distancias y que se vuele cualquier posibilidad de acuerdo -cada uno con su memorial de agravios-, un desiderátum para al menos la mitad de la ciudadanía que aún vive del recuerdo o idealiza los pactos de Estado. Para que algo comenzara a cambiar sería preciso que el PP terminara de digerir el fracaso de su victoria electoral, porque como bien se sabe esto no va de ganar en las urnas sino en el Congreso, que rehusará a utilizar el lenguaje de la deslegitimación, y más tiempo a hacer pedagogía sobre la utilización partidista de los símbolos de todos y sobre las decisiones que viene obligadas por la Constitución. Y al PSOE habría que pedirle lo mismo, que abandonara la ambigüedad, que comenzará a hablar claramente, no ya sobre la concesión de la amnistía, que hasta Pedro Sánchez dio por hecha en Granada, sino sobre los compromisos de los independentistas para hacerse beneficiarios de ella. 

Ni tan siquiera un asunto tan grave como la acción terrorista de Hamás en territorio israelí, que tendrá unas consecuencias aún por evaluar para el equilibrio geoestratégico en una de las zonas más convulsas del mundo, ha servido para que el PP reconozca que la política exterior del país la dirige el presidente del Gobierno, y que la posición del Ejecutivo ha sido taxativa en la condena de la violencia desatada por Hamás. El anuncio de que el PP pedirá la comparecencia de Sánchez en el Congreso para que lo explique, por la reacción de los líderes de Sumar, es para subrayar las disensiones internas, al margen de las posiciones propalestinas y antiterroristas arraigadas en la ciudadanía española