Las reacciones a la aprobación del dictamen sobre la ley de amnistía de la Comisión de Justicia del Congreso que ha llenado de satisfacción a las dos partes negociadoras, apuntan a que se vive un momento lampedusiano, porque el Gobierno considera que las novedades introducidas apenas cambian nada del proyecto que fue rechazado por Junts hace un mes, mientras que los independentistas estiman que su negativa ha servido para asegurar la inclusión de Carles Puigdemont en los parámetros de la futura ley, argumentos que sirven a las dos partes para salvar la cara, y ambos creen que se refuerza la constitucionalidad y se asegura el beneplácito de los tribunales europeo, otros siguen manteniendo que se trata de una ley manifiestamente inconstitucional y antieuropea. Nada ha cambiado en esas percepciones.
Para los dirigentes de Junts, la aprobación de la ley de amnistía tampoco supone ningún cambio respecto a sus posiciones tradicionales en favor de la consecución de un referéndum de autodeterminación pactado con el Gobierno, y en último extremo de llegar, si no lo logran, a otra declaración de independencia. Son palabras que demuestran unas posiciones irredentas, provocadoras, que indican que los pactos alcanzados con el Gobierno son puntuales y que mantendrán su estrategia de chantaje. Y sin embargo, todo ha cambiado: Junts ha entrado en modo de participación política institucional, ha votado la investidura de Pedro Sánchez y todo indica que acabará aprobando los próximos Presupuestos Generales del Estado, a no ser que los negociadores por parte del Ejecutivo hayan sido unos ingenuos al no relacionar ambos asuntos, por cuanto las cuentas públicas son el anclaje para toda la legislatura. Cuántos más pactos "piezas a pieza" alcancen más se aleja la posibilidad de que se vuelva a una declaración unilateral de independencia, para la que ni la insistencia de Junts ni el pragmatismo de ERC cuentan con suficiente fuerza.
También en el mundo de la judicatura que rechaza la ley de amnistía por considerarla un atentado contra la separación de poderes y un ataque a sus funciones jurisdiccionales, con acusaciones ad hominem, todo seguirá igual por cuanto los jueces buscarán los vericuetos para mantener los procesamientos para los teóricos beneficiarios de la amnistía y sobre todo para impedir un regreso triunfal y a corto plazo de Carles Puigdemont. Pero para los firmantes del pacto todo ha cambiado para los jueces y aunque presentarán los recursos previstos y tratarán de limitar el alcance efectivo de la amnistía, tendrán que aplicarla al referenciarse a la directiva europea sobre la definición del delito de terrorismo.
En el ámbito de la oposición, el Partido Popular, seguirá intentando por todos los medios que la ley de amnistía no llegue a término, o al menos dificultar su aprobación lo máximo posible, pero una vez que la ley sea aprobada y su aplicación pase a ser competencia de los jueces todo habrá cambiado, y tendrá que buscar otra línea de oposición para desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez.
Todas las especulaciones sobre si la ley de amnistía supone un cambio y contribuye a la normalización de la situación en Cataluña, si va a ser la clave de la duración de la legislatura, si Junts amenaza con la boca pequeña con la independencia y si los jueces se dedican a buscar resquicios en la ley para torpedearla se van a comprobar muy pronto, y por tanto si todo ha cambiado o si todo sigue igual.