Proliferan por las redes algunos comentarios peligrosos de determinados grupos que cuestionan la inacción del Rey ante el panorama político actual, sobre todo en el sentido de que no debía haber nombrado candidato a Sánchez. Aunque puedo coincidir con ellos en el carácter impresentable y cínico del nuevo candidato y en que la amnistía que tiene prevista es el primer golpe al Estado de derecho que va a deslegitimar a la Justicia española y a cargarse el principio constitucional de la división de poderes, lo cierto es que quienes por este motivo cuestionan ahora la postura del Rey se colocan exactamente en el mismo lado de los ignorantes del otro lado.
Afirmar contundentemente que soy monárquico o que soy republicano, son dos honrosas formas que tengo de hacer el imbécil. Me parece del género tonto cualquier planteamiento de defensa puramente ideológica sobre el sistema de monarquía hereditaria, y del género bobo los argumentos de defensa del republicanismo sobre fundamentos ideológicos de izquierdas, donde además se contrapone la idea de democracia a la de monarquía, cuando ambos, monarquía y república, son dos sistemas válidos para organizar el Estado, que funcionan o no funcionan dependiendo del resto de estructuras e instituciones democráticas que les den cobertura. 
En pleno siglo XXI, no se entendería la proclamación de Felipe VI sin las consideraciones de Aristóteles, arraigadas en nuestro pensamiento y nuestra cultura, sobre la consideración del Estado como garante del bien supremo de los hombres, de su vida moral e intelectual. De ahí que todo Estado que se olvide de este fin supremo y que vele más por sus propios intereses que por los de la sociedad en su conjunto deba ser considerado injusto. Para Aristóteles el mejor régimen no es un modelo que prevalezca sobre los demás, obligándonos necesariamente a escogerlo sobre el resto, sino que puede darse dentro de los que ya existen, porque el carácter óptimo de la polis depende de otras causas, entre las que figura la virtud de los gobernantes y gobernados.
Es por ello que en las ocho monarquías parlamentarias europeas; las de Reino Unido, España, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega y Luxemburgo, donde la Jefatura del Estado recae sobre el anacronismo de un rey hereditario, pero como institución meramente simbólica, con funciones exclusivamente representativas y sin poder político, su legitimación se tenga que ganar mediante la ejemplaridad cotidiana y la utilidad práctica y efectiva para la garantía del expresado bien supremo aristotélico. 
Felipe VI como utilidad para integrar y vertebrar a la nación, símbolo de unidad nacional, prestigio de la institución monárquica en la representación exterior, fórmula de estabilidad democrática, especialmente concienciado y mentalizado para la ejemplaridad, las obligaciones y los sacrificios. Utilidad para unificar y representar a todos los ciudadanos, para representar «los intereses permanentes de una nación» frente a la política conflictiva de la excesiva partitocracia y la presencia omnímoda de los políticos profesionales. 
Aunque cierto es que todo tendrá un límite, supongo. De momento tendremos que ser los ciudadanos los encargados de parar al sátrapa de turno.