Vayamos al meollo de la cuestión, más de allá del lamentable episodio de violencia que se vivió el pasado domingo en Albacete y de sus verdaderos instigadores, protagonistas y responsables. Desde hace años el Ayuntamiento de Albacete ha estado cometiendo una flagrante ilegalidad al tolerar asentamientos urbanos de esta misma naturaleza jurídica. Da igual si los gobiernos han sido del PP o del PSOE. Ninguno ha sido capaz de meterle mano a un problema humanitario gravísimo. Seguramente por miedo a ser calificados de racistas. Hasta hace muy poco -¿mes de marzo de 2020?- a ningún alcalde le habría gustado ser recordado por haber echado abajo estos poblados en los que malviven, desde hace décadas y a la vista de todos, cientos de personas en condiciones infrahumanas. Quizá si hoy, tras los disturbios del fin de semana, se encuestara a los albaceteños sobre qué hacer con ellos, la repuesta masiva sería erradicarlos de una vez por todas. Durante meses nos hemos estado preguntando qué es lo que estaría sucediendo en el interior de las chabolas -frente al Jardín Botánico- o de la nave de la carretera de las Peñas, en relación al coronavirus. Lo normal es que, conociendo que allí cientos de inmigrantes malviven hacinados y comparten colchoneta con ratas y mugre, se hubiera tenido muy en cuenta la posibilidad de que por allí el Covid-19 estuviera campando a sus anchas. Pero no se hizo nada. Una vez más se miró para otro lado. Y a ver si había suerte y no tocaba. Pero pasó. Y ahora tenemos un problema de contagios descontrolados, de gratuita violencia urbana y de un peligroso racismo emergente en, recordemos, una de las ciudades más castigadas por la pandemia en España. En marzo, su cobardía e incompetencia les pudo y ello, indudablemente, condenó a muerte a muchos de los nuestros. Ahora tienen tres papeletas, muy complicadas de resolver, ante las que hay dos posibles caminos: solucionarlas o dejarlo en manos de quienes puedan hacerlo.