La UE, y en general todas las economías avanzadas, están dotadas de unas instituciones sólidas que canalizan las fuerzas de mercado y mantienen a raya a los políticos ávidos de sumar el poder económico al que les otorgan las urnas. 
En la cúspide de este entramado institucional tenemos un banco central (BC) independiente que evita que el Estado ponga a su servicio la máquina de hacer dinero ya sea directamente, ya por la monetización de la deuda pública. La independencia del gobernador del banco central solo es comparable a la de los jueces.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) presenta las estadísticas oficiales en materias tan sensibles como la inflación, la tasa de crecimiento o el desempleo, etc. Su independencia se demuestra en que tales estadísticas deben seguir criterios internacionales (Eurostat) y presentarse en los días señalados, no cuando conviene a los políticos.
El Tribunal de Cuentas (TC) controla los gastos e ingresos de las administraciones públicas que suponen más del 40% del PIB. Denuncia irregularidades del sector público y da criterios para mejorar su eficiencia. 
¿Cómo va la constitución económica española? El Tribunal de Cuentas fue descabezado hace un trimestre para que no interviniera las cuentas de los separatistas. La semana pasada el director del INE ha dimitido por no soportar la presión del Gobierno que reclama mayor sensibilidad política y menos estadísticas. La independencia del BE es el último objetivo a conseguir. Están en ello.
Conclusión. La constitución económica española está en ruinas. El gobierno se ha propuesto controlar las instituciones que supuestamente habían de controlar a los poderes económicos, empezando por el propio gobierno.