El quinto desafío del informe España 2050 reza así: «Preparar nuestro Estado del bienestar para una sociedad más longeva». El aumento de la esperanza de vida es un logro no exento de problemas. El informe reconoce abiertamente que, en el 2050, un tercio de la población tendrá más de 65 años y que por cada mayor habrá 1,7 activos (personas en edad de trabajar); hoy son 3,4. El gasto en pensiones aumentará cinco puntos porcentuales del PIB y el de sanidad, uno. Para los autores del informe, la solución pasa por aumentar la edad de jubilación y permitir que la pensión sea compatible con la realización de pequeños trabajos. 
A mi entender el problema es más grave. Hemos transformado la pirámide de la población en una bombona de butano: pocos niños, pero todos llegan a muy viejos. Una solución sostenible pasa por la mejora de la natalidad y una economía dinámica que dé empleos a los jóvenes. La protección de la familia es la estrategia más segura para este fin. Permitiría reducir tanto el gasto social como los impuestos. Y ya sabemos, los platos bajos en sal (impuestos) suelen ser más saludables. 
El cociente «contribuciones / prestaciones» también habrá de retocarse regularmente. Si optamos por un sistema de reparto (como es el caso de la Seguridad Social europea) ambas categorías han de acompasarse. 
En una sociedad cuya esperanza de vida no cesa de aumentar, el gasto social ha de subir proporcionalmente. El cuidado de nuestros mayores es una muestra de solidaridad intergeneracional que nos honra tanto como el cuidado de nuestros niños. El quid de la cuestión es no cargar un peso excesivo en los hombros de la población activa. Si lo hacemos, la estamos empujando hacia el paro. En esas condiciones los jubilados vivirán (y morirán) de promesas incumplidas.