El día de Reyes, un grupo de insurgentes asaltó el Capitolio (sede del poder legislativo de los EEUU) para impedir que se nombrara Presidente al candidato vencedor en las urnas. De haber sido organizado por militares, los muertos no hubieran sido 5 sino 500 ó 5000. En ambos casos se trataría de un golpe de Estado, un atentado contra el Estado democrático de Derecho, consagrado en la Constitución.
Hay otras maneras más finas de golpear el orden constitucional. Imaginemos que 75.000 personas (de los 75 millones que votaron a Trump) rodean el Capitolio con una sonrisa pintada en sus mascarillas, colocando en primera fila a sus hijos y abuelos. A la señal convenida, entran en las cámaras legislativas y proclaman la independencia de los 25 Estados donde los republicanos obtuvieron mayoría absoluta. Incruento, pero golpe de Estado. Invocando la democracia, tratan de destruir al Estado democrático de Derecho.  
El golpe de Estado más disimulado (y por tanto más peligroso) es el que se realiza desde dentro de las instituciones. Por ejemplo, aprobando una ley que permita nombrar y controlar a los jueces. Estaríamos ante un «fraude de ley»: las normas legales se utilizan para destruir la división de poderes, base del Estado democrático de Derecho.  Y no olvidemos el golpe del Estado contra los derechos fundamentales que, por derivar de la dignidad personal, están por encima de las mayorías parlamentarias.
El mundo quedó consternado por el asalto al Capitolio. ¿Es posible que ocurran estas cosas en el país líder de la civilización occidental, cuna de la democracia? Pues sí, y peores cosas pueden ocurrir en América y en Europa si seguimos consintiendo la erosión de los fundamentos del Estado democrático de Derecho y de los derechos fundamentales de las personas.